Quien viola la ley por ignorarla, no puede librarse de la pena establecida.
Ahora bien, si el poder judicial dictamina que el “uso de fondos públicos de la partida de gastos reservados o secretos de Casa presidencial” para pago de sobre sueldos, es inconstitucional, y quién ejerce el poder ejecutivo viola lo mandado, ¿crees que estará exento del castigo que la ley impone? La respuesta es NO.
En el año 2019 la sala de lo constitucional dictaminó que el uso de fondos de gastos reservados o secretos asignados a casa presidencial para el pago de sobre sueldos y bonificaciones salariales, es inconstitucional.
El entonces presidente Mauricio Funes y su ministro de hacienda Carlos Cáceres, deciden ignorar lo mandado por el poder judicial y utilizan estos fondos para pagar salarios extraordinarios incluido el del mismo ministro Carlos Cáceres, Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Calixto Mejía, el viceministro Hugo Flores, Sánchez Cerén, Sigfrido Reyes, Gerson Martínez, unos detenidos y otros prófugos y todos miembros del FMLN.
El ministro de Hacienda Carlos Cáceres, quién trasladó fondos del Ministerio de Hacienda a casa presidencial sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, incurre en un segundo acto también ilegal.
La investigación sobre esta violación constitucional da inicio por la fiscalía general dirigida por el fiscal Raúl Melara (identificado como el fiscal de ARENA). Su función en el cargo finaliza el 1 de mayo del 2021 al ser removido del cargo por la asamblea legislativa. El fiscal Melara en los dos años en el cargo no emitió resolución sobre esta violación constitucional y permite además, que la fuga de información facilite que varios imputados abandonen el país.
El nuevo fiscal Rodolfo Delgado, quien toma posesión en mayo 2021, retoma el caso y dos meses después en julio emite las órdenes de captura en contra de quiénes aportaron los fondos, el expresidente Mauricio Funes y el ministro de hacienda Carlos Cáceres y de los beneficiados con los pagos ilegales entre los que figuran el expresidente, ministros y viceministros.
Nada se ha improvisado en los arrestos efectuados, la investigación fue iniciada dos años atrás y concluye en el 2021.
Pero por supuesto los afectados partidarios y familiares de los capturados quiénes enfrentarán procesos judiciales, intentan confundir la opinión pública con alegatos falsos y además pretenden desprestigiar el buen trabajo del Ministerio de Seguridad, Fiscalía y Policía Nacional Civil quienes velan por hacer cumplir la ley y que vivamos bajo un Estado de Derecho por primera vez en El Salvador.
En caso de que no lo supieras, este tema de corrupción arroja nueva evidencia sobre la tradicional alianza entre los dueños de la finca y la partidocrácia de la derecha e izquierda explotadora del pueblo.
¿Sabías que Carlos Cáceres, desde el 2006 ocupó el cargo de director ejecutivo de ABANSA? (Asociación Bancaria Salvadoreña). Entidad representante de la banca nacional y además él es directivo de entidades afiladas a DICOM, EQUIFAX y otras formadas durante los gobiernos de ARENA, encargadas del cobro de la mora de empresas comerciales y tarjetas de crédito; lucrativo negocio, mal manejado que limita a los salvadoreños ser sujeto de crédito y posteriormente es electo ministro de hacienda del FMLN.
Carlos Cáceres enfrenta dos cargos, el de la entrega de dinero del estado a casa presidencial sin autorización de la asamblea legislativa y el de recibir 20.000 dólares mensuales, de los impuestos pagados por el pueblo salvadoreño. Este tipo de sinvergüenzas es el que los dueños de la finca utilizan para enriquecerse y mantener al pueblo engañado y en la miseria evitando su desarrollo.
Se conoció que a Antonio Saca durante su juicio, el fiscal Douglas Meléndez, no permitió a su defensa presentar el listado de los funcionarios que recibieron sobre sueldos, cuyo monto sobrepasa los 200 millones de dólares, total que le fue imputado como de mal uso al expresidente.
Pienso que ofrecer un nuevo juicio y que se validé la evidencia de la defensa sería justo.
Tomar en cuenta que decide enfrentar la justicia y su colaboración, es importante.
El que malversó 19 millones y que se le han incautado 40 millones, también debería ser considerado.
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