Los directores de agencias de inteligencia de la administración de Hussein Obama y los investigadores que exoneran de culpa a la candidata demócrata a la presidencia, por tener un servidor informático en su casa quebrantando las normas de seguridad al desempeñarse como Secretaria de Estado, son los mismos que posteriormente integran el equipo del Fiscal Especial Robert Müller.
Equipo que procede a investigar si el candidato republicano Donald Trump y Rusia cooperaron para evitar la victoria de Hillary Clinton, investigación que se prolonga por veinte y dos meses y no produce evidencia para procesar al presidente.
Estos mismos directores de agencias de seguridad e investigadores se encuentran ahora bajo investigación por orden de William Barr fiscal general nombrado el 14 de febrero del 2019, y quién el 14 de mayo nombrara a John Durham fiscal de Connecticut para investigar lo que el declarara en el congreso, “que creía que la campaña de Donald Trump había sido espiada”.
En mayo de 2019 da inicio la investigación de los investigadores que en un 90 % estaba integrada por contribuyentes, simpatizantes demócratas, e incluso abogados que trabajaron para los Clinton.
Es hasta este mes de octubre que se conoce que las investigaciones, se elevan a nivel de investigación criminal, y esto otorga al fiscal Durham poder para establecer un Gran Jurado, llamar testigos y en donde las pruebas acumuladas serán expuestas y un jurado decidirá si los involucrados son o no culpables.
Miembros del “gobierno profundo”, integrado por personal de agencias de inteligencia como el exdirector de la CIA, John Brennan, del FBI James Commey, DNI James Clapper, y otras agencias se encuentran siendo investigados. Funcionarios del “gobierno en la sombra”, integrado por personal del partido demócrata y burócratas del departamento de estado y departamento de justicia se encuentran en estado de pánico.
Los congresistas demócratas en su desesperación conducen interrogatorios secretos en el sótano del congreso, no dejan participar a los republicanos pertenecientes a ese comité y filtran a la prensa porciones de las declaraciones que les conviene.
Los demócratas dicen llevar acabo el proceso para destituir al presidente; causa que debería haberse iniciado con la aprobación de la tercera parte de los votos del congreso, y sería a partir de entonces que demócratas, republicanos y el presidente estarían en iguales condiciones de presentar e interrogar testigos, teniendo sus abogados presentes. Esta situación aún no se cumple, pues los demócratas no cuentan con los votos necesarios.
Resultando esta improvisada actividad demócrata en un movimiento político que les acarrea desprestigio, pues las recaudaciones para la reelección de Trump aumentan y las asistencias a sus concentraciones políticas continúan rompiendo récords.
Se puede juzgar que el precio a pagar por el partido demócrata, los peones de agencias de inteligencia y burócratas quienes pronto serán llevados a juicio serán muy altas.
Parece que la próxima elección conducirá a los demócratas a perder la mayoría en el congreso, a que aumente la mayoría republicana en el senado y a la reelección en noviembre del 2020 de Donald J Trump.
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